En los documentos doctrinales de Estados Unidos se define la Guerra No Convencional (GNC) como: “el conjunto de actividades dirigidas a posibilitar el desarrollo de un movimiento de resistencia o la insurgencia, para coaccionar, alterar o derrocar a un gobierno, o a tomar el poder mediante el empleo de una fuerza de guerrilla, auxiliar y clandestina, en un territorio enemigo”.
Algunos estudios refieren que el citado término se introdujo por primera vez en el vocabulario oficial del Departamento de Defensa norteamericano en 1955; aunque un reciente documento desclasificado dedicado al tema, la publicación de Técnicas del Ejército (ATP 3-05.1), de septiembre de 2013, titulado: “La Guerra no Convencional”, señala que: “[…] el gobierno de EE.UU. la utiliza como una opción política de carácter estratégico al apoyar a los agentes extranjeros. EE.UU. ha llevado a cabo este tipo de actividades desde la Segunda Guerra Mundial […]”.
Ejemplos del empleo de esta modalidad se pudieran citar varios, pero es más elocuente utilizar los mencionados por Estados Unidos en el referido documento, entre ellos destacan: Albania y Letonia (1951–1955); el Tíbet (1955–1970); Indonesia (1957–1958); Cuba y la invasión a Playa Girón (Abril de 1961); Laos (1959–1962); Vietnam del Norte (1961–1964); Nicaragua y Honduras (1980-1988); Paquistán y Afganistán (1980-1991) e Iraq (2002-2003).
En la última década, la GNC ha emergido como la modalidad más factible a aplicar por Estados Unidos y sus aliados para derrocar “regímenes contrarios a sus intereses”. En función de ello, han aplicado varias recetas, pero sin apartarse en lo fundamental de la utilización de pretextos para generar manifestaciones antigubernamentales por las más disímiles razones, desde descontentos populares por la situación socio-económica en que viven, hasta la supuesta actuación de una oposición interna. En estas acciones, se conjugan dos elementos fundamentales, la participación de los jóvenes y el uso de las bondades que brindan las Tecnologías de las Informática y las Comunicaciones.
Además, tratan de pulsar una “respuesta desmedida” de las autoridades del país a los manifestantes, que sirva de excusa para desarrollar una intensa campaña mediática, ejercer presión política y lograr la condena en organismos internacionales de los “países adversos”. En lo fundamental estos postulados, salvando las particularidades socioeconómicas, políticas, militares y religiosas de cada nación, condujeron los eventos asociados a la denominada “Primavera Árabe” y los conflictos en Siria y Ucrania, que se han convertido en un prolongado “invierno” sin solución a la vista.
En la actualidad, las acciones de GNC se aprecian de manera cambiante y veloz en los países de América Latina y el Caribe, con mayor claridad en la situación que viven Venezuela, Brasil y Bolivia, en los que se evidencia el marcado objetivo de frenar el avance de la izquierda progresista en la región.
Un comportamiento de tal naturaleza, busca desconocer que la II Cumbre de la CELAC, en enero de 2014, proclamó la región como zona de paz, basada en el respeto a los principios y normas del Derecho Internacional; el compromiso permanente con la solución pacífica de controversias a fin de desterrar para siempre el uso y la amenaza del empleo de la fuerza en nuestro hemisferio, así como el compromiso con el estricto cumplimiento de la obligación de no intervenir, directa o indirectamente, en los asuntos internos de cualquier otro Estado y observar los principios de soberanía nacional, la igualdad de derechos y la libre determinación de los pueblos.
Pretender analizar el complejo entramado político, económico y social que vive hoy la región, y el impacto de las técnicas de GNC que están detrás de ello, requiere más que un artículo, pero la mera evaluación de las causas que la originaron nos permiten aseverar que detrás de ellas están los pretendidos objetivos de “alterar, o derrocar a un enemigo que ocupa el poder o gobierno. Los objetivos de la GNC van desde el apoyo a un grupo de la resistencia opuesto a la autoridad gubernamental en el poder, hasta la instauración de otro gobierno”, como lo asevera la reiterada ATP 3-05.1.
Es por ello que Venezuela se convirtió en blanco de los ataques imperiales desde el mismo inicio de la Revolución encabezada por el comandante Hugo Chávez Frías, y siempre han estado al acecho de cualquier situación interna, para tratar de magnificarla y generar desestabilización, lo que ha sido utilizado “convenientemente” por el presidente Obama para calificar a esa hermana nación como una “amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos.”
En este contexto, a finales del pasado año, como resultado de una larga lucha contra el sabotaje económico que generó descontento popular y confusión entre las bases chavistas, la oposición se impuso en las elecciones parlamentarias y desde entonces tratan de derrocar “por vías constitucionales” al gobierno legítimo del presidente Nicolás Maduro, instando a la violencia como sucedió en 2014, que cobró la vida a 43 personas. Tales acciones se ejecutan, sin vulnerar ningún paso de los que describe la ATP 3-05.1, en su acápite “La manipulación subversiva de las multitudes, protestas y manifestaciones”.
Hoy como ninguna otra etapa en los últimos 17 años, la patria de Bolívar y Chávez, es sometida a una intensa campaña mediática, en la que no es casual que, casi a diario, se publiquen artículos de opinión, editoriales y “noticias” en medios de prensa impresos y digitales donde el enfoque principal es trasladar a la opinión pública internacional la presunta situación de crisis por la que transita el proceso bolivariano. Ejemplo de ello es el recientemente artículo del diario estadounidense “The Wall Street Journal” donde se señaló: “Venezuela está descendiendo en una crisis que se profundiza y que puede terminar en violencia, incluyendo la posibilidad de un golpe de estado contra el atribulado gobierno izquierdista, dijeron altos funcionarios de inteligencia estadounidense […] Los funcionarios, que tienen amplia experiencia en la región, aseguraron que ellos y otros en la comunidad de inteligencia creen cada vez más que el presidente Nicolás Maduro podría ser expulsado de su cargo, ya sea mediante un “golpe palaciego” liderado por asociados cercanos o mediante un levantamiento militar”.
En esta intensa oleada contra Venezuela no se puede dejar de citar las declaraciones de Josh Earnest, portavoz de la Casa Blanca, quien en rueda de prensa el pasado 16 de mayo dijo: “Estamos bastante preocupados por el bienestar de los venezolanos. Las últimas informaciones sobre este país son desalentadoras. […] Es hora de incluir a todas las partes y de que los líderes escuchen las diversas voces venezolanas para trabajar conjuntamente y de manera pacífica”.
En el caso de Brasil la presidenta Dilma Rosseuff, fue sometida en su segundo mandato a una larga secuencia de acusaciones por supuestas vinculaciones de su gobierno y el Partido de los Trabajadores (PT) a hechos de corrupción, asociados a la empresa Petrobras, que no pudieron probar; no obstante, al unísono varias encuestadoras comenzaron a divulgar que su nivel de aceptación popular había descendido al 10%, contexto en el que señalaron que una situación similar, solo había sucedido en 1992, previo al sometimiento del expresidente Fernando Collor de Mello a juicio político por corrupción.
Todo este entramado, solo tratado en sus aspectos esenciales, desencadenó en el actual Golpe de Estado parlamentario a que es sometida Dilma, bajo el trasfondo de una edulcorada estructura de la democracia de los “Estados de Derecho”, el juicio político, en esta oportunidad bajo el cargo de “esconder un déficit presupuestario en su reelección en 2014”.
También volvieron a utilizar el manido recurso de la lucha contra la corrupción para involucrar a Luiz Inacio Lula da Silva, líder histórico del Partido de los Trabajadores, secundada por una iracunda campaña de “TV Globo”, con el único objetivo de desacreditarlo ¡Claro había una justificación! En 2018 habrá elecciones en el gigante sudamericano y el caballo de batalla del PT pudiera postularse nuevamente.
Respecto a Bolivia, previo al referendo constitucional en el que se debatió la posibilidad de reelección indefinida del Presidente, se comenzó a gestar una nueva “guerra sucia” contra el mandatario Evo Morales en la que se pretendió asegurar que estaba vinculado a un hipotético “tráfico de influencias en beneficio de su ex novia, Gabriela Zapata Montaño”.
Incluso -olvidando los más elementales sentimientos personales- recurrieron a la existencia de un posible hijo de esa pareja que se decía fallecido y se podría demostrar que no era cierto, así como el insólito supuesto de que habría gastado 1 400 pesos bolivianos -unos 200 dólares- por un corte de cabello. Todo procuraba confundir al electorado en un momento crucial, para de esa forma, condicionar su decisión y garantizar que en 2019 no pueda ser nuevamente reelecto.
Tan solo estos tres ejemplos permiten demostrar que a los efectos de lo que eufemísticamente se denomina Guerra No Convencional “todo vale”. Esas son las realidades de hoy, no están físicamente las cañoneras ni los drones, no se lanzan bombas ni se intervienen militarmente las naciones para garantizar la “seguridad de sus ciudadanos” o los intereses imperialistas, pero las agresiones continúan y todos los países “hostiles” a sus intereses y los de sus aliados son atacados de forma “no convencional”.
Cabría la pena preguntarse ¿estamos en una nueva era, donde la Guerra No Convencional se convertirá en el principal instrumento para perpetuar el dominio imperial? Por el momento, solo podemos responder que todo parece indicar que la Guerra No Convencional, seguirá siendo la más convencional de las guerras.
*Doctor en Ciencias Jurídicas, especialista en Derecho Penal e investigador de temas vinculados con Seguridad Nacional.
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