Reproducimos esta información enviada por la embajada de Venezuela en España. Lamentablemente la cifra de fallecidos se eleva ya a 26, la mayoría de ellos víctimas de las barricadas opositoras, como se aprecia en esta lista.
Nota Aclaratoria
La Embajada venezolana en España expresa su preocupación por circulación reiterada de informaciones erróneas y tergiversadas sobre la situación en Venezuela
. Se invisibilizan las acciones de
violencia cometidas por grupos de extrema derecha y la complicidad de
algunos alcaldes de oposición (ver punto 10), mientras se intenta culpar
de la violencia a grupos de base chavista o al propio gobierno.
. Se oculta el escaso apoyo social que tienen las actuales protestas contra el gobierno.
. Se intenta transmitir una imagen de desgobierno y de caos generalizado que no se corresponde con la realidad.
. Se invisibilizan o descalifican los
esfuerzos que viene haciendo el gobierno desde diciembre para promover
espacios de encuentro con la oposición en asuntos de Estado.
. No se informa de la acción ordenada y
proporcionada de las fuerzas de orden público, cuya instrucción es el
respeto irrestricto a los derechos humanos. Tampoco de las acciones de
las instituciones del Estado para prevenir y castigar los posibles casos
de abusos por parte de algunos funcionarios policiales.
. Se relativiza o tergiversa el apoyo de los organismos y países de la región al gobierno legítimo y democrático de Venezuela y a sus esfuerzos por el diálogo y la paz.
Preocupados por la reiteración de
informaciones erróneas acerca de los recientes acontecimientos de
violencia acontecidos en algunas regiones del país, la
Embajada de la República Bolivariana de Venezuela ante el Reino de
España desea expresar lo siguiente:
1. El pasado 14 de abril de 2013 el candidato chavista Nicolás Maduro Moros ganó las elecciones presidenciales al imponerse al candidato opositor Henrique Capriles Radonski, por el 1,5% de los votos.
2. El 8 de diciembre de 2013
pasado se celebraron elecciones municipales. La oposición planteó
las mismas como un plebiscito sobre la gestión del Presidente Nicolás
Maduro. Con una participación histórica, las fuerzas chavistas
se impusieron en estas elecciones, ganando en un 70% de los
municipios y ampliando su ventaja electoral 11,5%.
3. Inmediatamente a las elecciones el gobierno del presidente Nicolás Maduro convocó a los alcaldes y gobernadores opositores a una reunión, para trabajar en conjunto
en los asuntos fundamentales para el Estado. A esta primera reunión se
sumó la coordinación con todos los alcaldes y gobernadores opositores
para impulsar el Plan de Pacificación Nacional, así como otras
reuniones de coordinación a nivel del Consejo Federal de Gobierno.
4. Decepcionados por estos resultados electorales y la posibilidad de que la oposición
se incorporara a algún tipo de trabajo con el gobierno, el 23 de enero
de 2014, los dirigentes opositores Leopoldo López (Movimiento
Voluntad Popular) y María Corina Machado (Movimiento Vente
Venezuela), llamaron públicamente a sus partidarios a
participar en una operación que denominaron “La Salida” ,
consistente en tomar las calles hasta lograr que sea depuesto el
gobierno constitucional del presidente Nicolás Maduro.
5. Las acciones de violencia no tardaron en sucederse. Comenzaron el 6 de febrero con
el ataque de un grupo opositor a la residencia oficial del gobernador
del estado Táchira –donde se ubica un centro de rehabilitación de niños
con discapacidades.
6. El 12 de febrero López y Machado arengan a sus partidarios para que realicen actos violentos. Este día resultan asesinadas tres personas y 66 heridos. Los partidarios de López
y Machado causaron destrozos a la sede principal del
Ministerio Público, el Tribunal Supremo de Justicia, estaciones
del Metro y en diferentes instalaciones y servicios públicos.
Las acciones violentas continuaron de forma focalizada en
algunos puntos del estado Carabobo (Valencia), estado Miranda
(fundamentalmente en el Municipio Chacao), así como los estados
fronterizos con Colombia: Zulia (Maracaibo) y Táchira
(especialmente en San Cristóbal), además de algunas zonas de clase
media-alta del Distrito Capital (específicamente en Caracas).
7. En sus acciones, estos grupos opositores violentos han utilizado continua y reiteradamente
armas de fuego, bombas incendiarias y objetos contundentes; han
levantado barricadas y empleado tácticas terroristas, como la colocación
de cables de acero o nylon atravesados en las vías públicas
(ocasionando lesionados y, al menos, el degollamiento de un
motorista), como parte de sus estrategias para generar zozobra,
caos y pérdida de vidas.
8. Hasta el 8 de marzo estas acciones de violencia han dejado el lamentable saldo de 21
personas fallecidas, entre los que se cuentan civiles,
partidarios y detractores del gobierno, así como funcionarios
policiales. Además, otras 50 personas han perdido la vida como
consecuencia del continuado cierre de calles con barricadas. Además,
al menos 318 personas han resultado heridas en diversos
altercados, incluyendo a 81 miembros de los cuerpos policiales.
Igualmente, han sido cuantiosos los daños materiales sufridos en los
asaltos a infraestructuras públicas, incluyendo escuelas y hospitales.
9. Sin embargo, en Venezuela no existe
un estado de violencia generalizada. Entre los días 12 a 21 de febrero,
los episodios de violencia se concentraron en sectores concretos de 18
municipios del país, es decir, en apenas el 5% de los
municipios. En las últimas jornadas estas acciones se focalizaron en
tan solo 6 municipios (1,7%).
10. Las acciones violentas se han
venido reduciendo, tanto por la acción ordenada y ajustada a la
Ley de los organismos de orden público del gobierno, como por el
propio reclamo de la ciudadanía afectada por el bloqueo de calles y accesos a urbanizaciones, así como por la acumulación y quema de basuras. Llama la atención que ni los alcaldes opositores,
ni los cuerpos policiales bajo su control, han colaborado en
el mantenimiento del orden y que, por el contrario, protegen a
los grupos violentos que están operando en su jurisdicción. Tal
como quedó en evidencia con el asesinato por parte de policías de
Chacao de una joven detective del Servicio Bolivariano de
Inteligencia Nacional (Sebin), cuando este cuerpo detuvo para
averiguaciones a un indiciado en múltiples acciones de violencia
detenido in fraganti.
11. De hecho, según el estudio
realizado por la encuestadora International Consulting Services
(ICS), un 85,4% de la opinión pública venezolana se posiciona
en desacuerdo con estas protestas, mientras más de un 90% respalda la participación de todos
los sectores sociales (incluyendo opositores y empresarios) en
las iniciativas de diálogo nacional impulsadas por el presidente
Nicolás Maduro en el marco de la constitución.
12. Destacados líderes de la oposición han venido manifestado públicamente su desacuerdo con esta estrategia de violencia, exigiendo que se detenga y que las instancias
que agrupan a la oposición se deslinden con claridad de
estos hechos y favorezcan el diálogo con el gobierno.
13. Las instituciones del Estado han
ejercido una labor escrupulosa y eficaz, a través de los mecanismos que
establece la Ley, para controlar la violencia y preservar el orden. Tras
los numerosos hechos de violencia acaecidos entre el 12 de febrero y
el 6 de marzo, han resultado detenidas 1.322 personas, que han
sido presentadas de inmediato ante los tribunales. De estas, a 1.103
se le han aplicado medidas cautelares sustitutivas de libertad y a 35 se les ha dado libertad plena. Las restantes 92 permanecen privadas
de libertad por incurrir en flagrancia en delitos de
alteración del orden público, lesiones graves, trato cruel y
homicidio, entre otros. La Fiscalía ha señalado que sólo 39% de
las personas privadas de libertad son estudiantes.
14. Medidas judiciales están siendo aplicadas con igual rigor a ciudadanos particulares y a miembros de los cuerpos de seguridad del Estado. La Fiscal ha sido enfática respecto
a que se están investigando todas las denuncias contra efectivos
de seguridad respecto a torturas u otro tipo de violaciones a
derechos humanos. De hecho, según informó la Fiscal General de
la República el 7 de marzo, 15 miembros de los cuerpos de
seguridad del Estado se encuentran privados de libertad por
encontrarse incriminados en situaciones de abusos y/o violaciones
a los derechos humanos. Organizaciones de derechos humanos como
el Foro Penal Venezolano, una de las más activas recopilando
denuncias, están colaborando con la Fiscalía en el esclarecimiento de
cualquier posible situación de abuso.
15. Varios ciudadanos de nacionalidad española o doble nacionalidad española/venezolana
se han visto implicados en hechos de violencia. En todos los casos el
gobierno está coordinando su actuación con los consulados y la Embajada
española en Venezuela, en orden a esclarecer los hechos y
garantizar el mejor tratamiento posible, dentro del respecto a
la legislación venezolana y a los acuerdos suscritos entre ambos
países. Sobre el caso del ciudadano español Wilmer Carballo de 43
años, la fiscalía informó que murió el 24 de febrero en el sector
Fundación de Cagua, municipio Sucre del estado Aragua, tras
recibir un disparo. El Ministerio Público comisionó a los fiscales
32º de Aragua y 3º de Táchira, Rolando García y Nelson Montero,
respectivamente, a fin de dirigir la investigación para esclarecer su
fallecimiento.
16. El presidente de la República, Nicolás Maduro, ha expresado públicamente y en reiteradas oportunidades su más enérgico rechazo al empleo de la violencia, así como
a cualquier recurso ilegal o inconstitucional por parte de
cualquier sector político. Así mismo, ha exigido la actuación
ejemplar y sin distingo de las instituciones de justicia. Igualmente, ha expresado en reiteradas ocasiones la necesidad de que cualquier delito cometido por funcionarios policiales en el transcurso de sus actuaciones sea castigado de inmediato.
17. El pasado 26 de febrero se celebró, a convocatoria del Presidente Maduro, la Conferencia Nacional por la Paz y Convivencia, en la que participaron representantes de
distintos sectores políticos (incluyendo diputados y alcaldes
de oposición), empresariales (Fedecámaras, Fedeindustria, empresas
Polar, entre otros), mediáticos, estudiantiles, sindicales y
religiosos. Esta Conferencia está en pleno desarrollo. Se han creado
comisiones específicas, comenzado a operar las de política y
economía, además del encuentro de partidos políticos. Éstos son espacios para formular acuerdos de trabajo ágiles en las materias concretas que afectan la vida de la ciudadanía.
18. El patrón de los actuales acontecimientos de violencia guarda significativos paralelismos con los sucesos de abril de 2002, cuando sectores de la oposición asesinaron
a personas de ambas tendencias políticas, buscando generar
confrontaciones violentas que justificasen un golpe de Estado contra el
presidente Hugo Chávez.
19. Resulta preocupante que la mayoría de los medios de comunicación privados venezolanos (más del 60% de los medios en Venezuela son privados y tienen 90% de la audiencia nacional) y los medios internacionales más influyentes insistan en silenciar,
minimizar y/o descalificar las manifestaciones masivas a favor de la
paz y en apoyo al gobierno nacional, así como las declaraciones
de personalidades, incluyendo dirigentes opositores, que llaman a la sensatez, a la no violencia y al diálogo.
20. La cobertura informativa presenta
las acciones de violencia como manifestaciones pacíficas, las
actuaciones apegadas a la Ley de los órganos del orden
público como acciones represivas del gobierno; al tiempo que se
maximizan las problemáticas existentes en el país, sin
mencionar las políticas desarrolladas por el Estado para
atenderlas y otros datos de contexto que permiten entender el
respaldo popular a la gestión del gobierno (desempleo de sólo
7%, más de 500 mil viviendas sociales entregadas en los 2 últimos
años, aumentos anuales del salario mínimo por encima de la inflación,
fortalecimiento de los servicios públicos de educación, salud,
alimentación o el incremento del número de estudiantes universitarios
de 400 mil a 2 millones 600 mil y de pensionados de 300 mil a 2 millones
500 mil, etc.).
21. Se ha llegado al extremo no sólo de tergiversar declaraciones de autoridades, hacer montajes
de videos y/o fotografías, sino de utilizar tanto vídeos como
fotografías de lamentables sucesos acaecidos en otros países para
criminalizar a un Gobierno constitucional, cuyos esfuerzos
en materia de derechos humanos gozan del reconocimiento de
organismos e instituciones internacionales.
22. Contrario a las reseñas de
algunos medios de comunicación, no se ha cercenado en ningún
momento la libertad de expresión en Venezuela, donde ésta es
protegida por la Constitución y las leyes. Basta ver las
primeras páginas de los más de 300 diarios venezolanos, así mismo escuchar las más de 600 emisoras de radio privadas, ver los más
de 60 canales de televisión privados o los más de 100
canales que se ven por suscripción (televisión de pago), para
darse cuenta de la plena vigencia de la libertad de prensa en
Venezuela.
23. La emisión del canal colombiano NTN24, en la parrilla junto a más de 100 canales por
suscripción que se pueden ver en Venezuela, fue suspendida
por hacer apología a la violencia (lo cual está prohibido en la
legislación venezolana, así como en el Artículo 13 de la
Convención Americana de Derechos Humanos). En Venezuela la
censura está prohibida por el artículo 58 de la Constitución,
aunque existe la responsabilidad ulterior , tal y como sucede
en la práctica totalidad de democracias avanzadas.
24. Existen notorios elementos de prueba para afirmar que estos actos violentos son incentivados, organizados y financiados con apoyo del exterior, especialmente desde círculos de poder en Estados Unidos.
25. El gobierno venezolano agradece los pronunciamientos de los organismos regionales como la Celac, la Unasur y Mercosur o el Movimiento de Países No Alineados, entre otros, que han reiterado también su respaldo al gobierno constitucional y
la exigencia de respeto de la soberanía, así como a los principios de
no injerencia en los asuntos internos de los Estados, la
integridad territorial y la autodeterminación de los pueblos.
Igualmente se agradecen los pronunciamientos de países hermanos
latinoamericanos, que como la presidenta chilena Michelle
Bachelet, han expresado su rechazo a “acciones violentas que buscan
desestabilizar a un gobierno democráticamente elegido”, agregando:
“cuando entremos al gobierno lo que vamos a hacer es ofrecer
apoyo al gobierno y al pueblo de Venezuela para realmente
buscar los cauces democráticos, de paz social, para que los
propios venezolanos puedan buscar ese camino”.
26. La Organización de Estados Americanos (OEA),
en su declaración del 7 de marzo, reflejó que la práctica
totalidad de sus miembros (29 de un total de 32 países) entiende
que en Venezuela se está confrontando un intento de derrocamiento del
gobierno legítimo y constitucional. Esta declaración refleja un
cambio en América Latina que es importante que se interprete
correctamente en España, por cuanto es el reflejo de una región
independiente, resueltamente democrática, que no acepta violaciones a
su soberanía y que respeta y confía plenamente en la institucionalidad
democrática venezolana.
27. Como lo denunció el canciller, Elías Jaua, ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, Venezuela lleva más de un mes sometida a un asedio a través de grupos entrenados
para la violencia, que intentan camuflarse tras el legítimo
derecho a la protesta, así como mediante una campaña de desinformación
que pretende justificar este intento de ruptura del orden
constitucional y de la convivencia democrática de los
venezolanos.
28. El gobierno venezolano seguirá actuando, de acuerdo a la Constitución y las leyes, para cumplir con sus responsabilidades en la preservación de la paz, el bienestar de la ciudadanía y la salvaguarda de los derechos humanos.
Prensa Embajada venezolana en España.- 10 de marzo de 2014.
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