La sorpresa que para muchos constituyó el 17 de diciembre
podría impedirnos diferenciar cuánto de lo que hoy ejecuta la Administración
Obama es fruto de su propia iniciativa o del ascenso de una tendencia
específica dentro de la clase política en los Estados Unidos para enfrentar el
grave problema que para ellos ha significado la existencia de la Revolución cubana.
¿El discurso y acción de Obama desde su ascenso a la
presidencia, y en particular, su decisión de afrontar un proceso de
normalización de las relaciones con el gobierno cubano son el resultado de una
especie de “iluminación” suya y de sus asesores? ¿o por el contrario; refleja
la preponderancia de estilos diseñados desde mucho antes?
Por el Carril II
Recién derribado el Muro de Berlín, los EE.UU. se erigían
como única superpotencia a escala global. Se asumía que los días de la
Revolución cubana estaban contados, por tanto prevaleció el criterio de que era
el momento de asestarle la estocada final cuando su principal sustento
económico había desaparecido.
Tras el colapso del campo socialista, las relaciones
económicas con las subsidiarias de las empresas estadounidenses habían crecido
significativamente. Eliminarlas, creían, daría la vuelta de tuerca final a las
aspiraciones de soberanía de Cuba. De eso se encargaría la Cuban Democracy Act
(CDA) o Ley Torricelli, aprobada por el Congreso norteamericano en 1992, cuyo
llamado Carril I cortó la posibilidad de que Cuba continuara con esos vínculos
autorizados por el presidente James Carter a finales de los 70 y sancionó a los
barcos extranjeros que llegaran a puertos cubanos a entrar en Estados Unidos
hasta después de tres meses.
Sin embargo, la propia CDA comprendía una senda o Carril II
inclinado hacia la influencia indirecta sobre el Archipiélago, y que apoyaba a
los grupos o individuos que desde dentro de este le eran desafectos al proyecto
revolucionario. Dichas agrupaciones, prácticamente inexistentes desde mediados
de los años 60, habían resurgido en los 80 incentivadas por la retórica de
defensa de los derechos humanos, promovida desde la época de Carter y
potenciada por sus sucesores Reagan y Bush (padre).
Richard Nuccio fue un decidido partidario de esa estrategia
hacia la Mayor de las Antillas, la que definió como la combinación de la
“presión y el contacto”. Él participó en la redacción de la Cuban Democracy Act
como miembro del grupo de asesores de su patrocinador, el representante
demócrata por Nueva Jersey, Robert Torricelli.
Nuccio tendría un rol clave desde su puesto como asesor de
asuntos cubanos de la Casa Blanca para el despliegue de una política codificada
en el Carril IIde la CDA.
Las directrices del Carril II, elaboradas por él (Nuccio)
constaban de tres ramas: El Carril II 1 buscaba obtener el apoyo de los
cubanoamericanos para ayudar a la “sociedad civil cubana” a lograr cambios,
alejándolos de una política limitada exclusivamente a la imposición de
sanciones, en la que los líderes de esa comunidad habían enfatizado hasta ese
momento. El Carril II 2 reorientaba las directrices estadounidenses “para
ayudar a la sociedad civil cubana”. El Carril II 3 se dirigía a trabajar con
los gobiernos de Europa y América Latina con miras a configurar una política
común hacia Cuba, cediendo deliberadamente a la comisión europea las funciones
de liderar el diseño de la política cubana (Domínguez, 2010, pág. 7).
Al calor de los debates promovidos por la Ley para la
Libertad Cubana y Solidaridad Democrática, presentada ante el Congreso por
Jesse Helms, senador por Carolina del Norte, y Dan Burton, representante por
Illinois; Nuccio explicaría las pautas del carril liberal codificado en la CDA
que hemos visto “actualizarse” dos décadas después.
Las líneas de su propuesta se resumían en cuatro principios:
1) bloqueo económico integral como forma de presión, 2) apoyo para el pueblo
cubano, 3) reducción cuidadosa y calibrada de las sanciones en respuesta a un
cambio positivo en Cuba, 4) migración ordenada y a salvo desde Cuba a los
EE.UU.
Nuccio creía, y así lo dijo, que la “Helms-Burton” -como
sería conocida posteriormente- iba en el sentido contrario de lo que su equipo
evaluaba como más inteligente en ese momento, porque esta le restaba a EE.UU.
influencia sobre los procesos políticos y económicos dentro de Cuba, y lo que
es peor; alteraba el balance de poder entre el ejecutivo y el legislativo en
detrimento del primero[1].
Las lecciones de la crisis de los balseros de 1994 y los
subsiguientes acuerdos migratorios habrían motivado seriamente a la
Administración Clinton a ensayar una postura más liberal, de manera que,
paulatinamente, Cuba se fuera reincorporando a la esfera de influencia de
Estados Unidos.
En octubre de 1995 anunciaron la apertura de oficinas de
prensa en ambos países, flexibilizaron las licencias para viajes de
investigación y de periodistas, así como la asignación de fondos a las
organizaciones no gubernamentales. Además, incluyeron nuevos aspectos dirigidos
a hacer más expeditos los mecanismos de verificación in situ (especificados en
la Torricelli) para la venta de medicinas y suministros médicos a ciudadanos
dentro de Cuba.
Consumada la celada tendida por la línea ultraconservadora
interna que condujo al incidente de las avionetas de Hermanos al Rescate en
febrero de ese año [2] y contra los deseos declarados de Nuccio -que la
calificaba como el camino equivocado para promover una transición democrática
en Cuba- William Clinton fue incapaz de vencer sus propias contradicciones y en
1996 firmó la Helms-Burton.
Más tarde, y en medio de las repercusiones de la visita del
Papa Juan Pablo II a la Isla a inicios de 1998, Washington estuvo preparado
para moverse de nuevo en la dirección deseada por Nuccio. Tras entrevistarse
con el Sumo Pontífice, la entonces secretaria de Estado, Madeleine Albright,
afirmaba: “Nosotros podemos ayudar a disminuir la dependencia de la gente
cubana en el Estado cubano asistiendo sus necesidades humanitarias, apoyando el
desarrollo de una sociedad civil y fortaleciendo el papel de la Iglesia y otras
organizaciones no gubernamentales. Al hacer esto, podemos comenzar a darles
poder a los ciudadanos cubanos y ayudarlos a prepararse para una transición
pacífica a la democracia”.
En octubre se anunció la ampliación de la categoría de
personas que podían enviar y recibir remesas, también de los orígenes y
destinos de los vuelos charters directos. Por otra parte, se comprobó el aumento
de los intercambios académicos, científicos, deportivos y de otra índole, y se
demostró el interés en restablecer el servicio postal directo con La Habana.
Pese a esto, Clinton persistió en la ruta dual diciendo que
“estos pasos están diseñados para ayudar al pueblo de Cuba, sin fortalecer al
gobierno cubano. Estos son consistentes con nuestra política de mantener
presión sobre el régimen para que realice cambios democráticos -a través del
embargo y de iniciativas diplomáticas vigorosas- mientras encuentran formas de
llegar al pueblo cubano a través de esfuerzos humanitarios y ayuda en el
desarrollo de la sociedad civil. Ellos son consistentes con la Ley para la
Democracia en Cuba, de 1992, y la Ley para la Libertad y la Solidaridad
Democrática Cubana, de 1996”.
Así, a la altura del año 2001, la estrategia de “contacto”
traducida en la política de los intercambios “pueblo a pueblo” subsistía no sin
tropiezos, mientras los mecanismos de asedio económico a Cuba funcionaban con
celeridad[3].
El engagement sobrevive en los think tanks
Los ocho años de la administración de George W. Bush
supusieron un abandono casi total de los estilos de liberales de “contacto” o
“compromiso” de la era Clinton. Se endurecieron los controles sobre los viajes
a Cuba y las medidas punitivas contra los viajeros. Cayeron a niveles mínimos
los intercambios académicos, culturales, científicos y deportivos, así como las
visitas familiares de los cubanoamericanos, que se limitaron a una vez cada
tres años, sobre la base de una nueva e irracional definición del concepto de
familia.
Sin embargo, la noción de que el engagement era la mejor
elección continuó viviendo en los cerebros de quienes la habían diseñado en los
años 90. Ellos se replegaron hacia sus tradicionales feudos en los tanques
pensantes o think tanks, conservadores o liberales, de donde ya venían saliendo
muchas de las directrices aplicadas por el gobierno demócrata. Allí se
prepararon para reemerger cuando las condiciones fueran propicias.
Por más que la Administración Clinton se esforzó en negarlo,
las medidas de “contacto” aplicadas en su mandato tocaban en la misma tesitura
que los requerimientos planteados desde de uno de los thinks tanks más antiguos
y paradójicamente asociado al ala “internacionalista” de los republicanos: el
Concil for Foreing Relations(CFR)[4].
En 1998 el CFR creó un grupo de trabajo encargado de sugerir
cuál debía ser la hoja de ruta de EE.UU. con respecto a Cuba. El grupo lo
presidieron dos ex subsecretarios de Estado para asuntos interamericanos de la
Administración Bush (padre): Bernard W. Aronson y William D. Rogers. Sus
propuestas se avalaron con una carta pública al presidente Clinton, firmada por
Henry Kissinger, promotor de los iniciales pasos de la distensión a finales de
los 70; Lawrence Eagleburger, secretario de Estado en la presidencia de George
Bush; Frank Carlucci, secretario de Defensa durante el mandato de Ronald
Reagan; Howard Baker, ex líder de la mayoría republicana, y dos ex funcionarios
del Departamento de Estado y expertos en temas latinoamericanos durante los
gobiernos republicanos.
Sus recomendaciones tuvieron una respuesta positiva, pero
limitada desde la Casa Blanca, específicamente en lo tendiente al otorgamiento
de licencias generales para los viajes y en la ampliación de remesas (Bernard
W.Aronson, 2001)[5].
En 2001 volvieron a la carga con otro informe firmado
también por W. Aronson y D. Rogers. Esta vez los acompañaron Walter Russell
Mead, investigador principal de Kissinger para asuntos de la política exterior
de Estados Unidos y Julia E. Sweig entonces investigadora principal en el
programa de América Latina del CFR.
La nueva entrega planteó una conclusión reiterada luego
hasta la saciedad en los círculos especializados a ambos lados del estrecho de
la Florida: el presidente conserva amplias facultades para modificar la
política hacia Cuba.
Frente a los juicios de sus colegas de línea dura, indicaron
cuáles debían ser los pasos hacia una (hipotética entonces) normalización de
las relaciones con Cuba. “El gobierno estadounidense -afirmaron- puede tomar
muchas medidas útiles en el corto plazo para reducir las sanciones económicas y
restaurar las relaciones diplomáticas” (Bernard W.Aronson, 2001, pág. 10).
Y a renglón seguido literalmente indicaron los movimientos
que una década después Obama emprendería, o en su defecto, manifestaría su
intensión de hacerlo, tanto en lo tendiente a la flexibilización del cerco
comercial como en lo más importante desde el punto de vista norteamericano: el
estrechamiento de los vínculos entre sus ciudadanos y el pueblo cubano, así
como acciones directas sobre el emergente sector privado dentro de la economía
del Archipiélago[6].
El propósito era bien explícito: “el Grupo de Trabajo cree
que la libertad es contagiosa y que el contacto de la gente de pueblo con los
ciudadanos estadounidense ordinarios ayudará a transmitir las ideas
democráticas y de libre mercado” (Bernard W.Aronson, 2001, pág. 33).
En 2002 la Heritage Foundation, una de las instituciones
representativas del ascenso de los neoconservadores después de los años 70, dio
a conocer sus propias consideraciones sobre las medidas de Clinton para
incentivar el compromiso con el pueblo cubano. A su modo de ver “Los Estados
Unidos no debe ayudar a los regímenes antagónicos. Fidel Castro sigue siendo
hostil a los Estados Unidos, así como a las democracias y economías de mercado
en otras partes del hemisferio. En cambio, cuando las condiciones lo permitan,
Estados Unidos debe comprometerse a ayudar a Cuba a ser un mejor vecino por
medio de la libre determinación” (Johnson, 2002)[7].
Aunque sus conclusiones la distanciaban aparentemente del
CFR, tácitamente coincidían en que eran aceptables las tácticas de influir en
el interior de Cuba sin que ello significara desaparecer la presión sobre La
Habana.
Llegado el año 2009 los partidarios de un cambio de política
hacia Cuba volvieron a la carga con exhortaciones de ampliar mucho más las
pautas establecidas en el Carril II de la Torricelli[8].
Ese año la Brookings Institution y el Lexington Institute
reiteraron su decidida inclinación a la necesidad de abandonar las posturas más
confrontacionales del período Bush (hijo) y regresar vigorosamente a la senda
del compromiso de la era Clinton.
El Brookings Institution dividió sus consejos de lo que
debía hacerse a corto, mediano y largo plazos, bajo la firma de Carlos Pascual,
vicepresidente y director de la revista Foreign Policy, y de Vicki Huddleston,
quien no solo había sido jefa de la Sección de Intereses en La Habana, sino
además miembro para el Departamento de Estado del equipo de transición de
Obama-Biden.
De hecho, la cadena de movimientos trazada para el corto
plazo por ese informe fue seguida casi al pie de letra por Obama, tímidamente
en su primer mandato y más rápidamente después del 17D[9].
A mediano y largo plazos indicaban otras acciones ahora
mismo sobre el tablero negociador con Cuba como lo son la “solución mutuamente
aceptable sobre las reclamaciones de los bienes expropiados” y otras enfocadas
en extender los alcances de los intercambios pueblo a pueblo, entre los que
destacan la exhortación a “fomentar y financiar una amplia variedad de
intercambios educativos y becas que promuevan la comprensión y proporcionen
capacitación en diversos campos como las artes, la economía y el periodismo”
(Carlos Pascual, 2009, pág. 12).
Más orientado en las recomendaciones en el campo económico
el informe del Lexington Institute dedicó un espacio a referirse a qué debía
hacer Washington para recuperar el terreno perdido tras los ocho años de Bush.
En 2011 el Brookings Institute regresó al ruedo con el
reporte titulado “Reaching Out: Cuba’s New Economy and the International
Response”, escrito por Richard Feinberg, quien sirvió como asistente especial
de Asuntos de Seguridad Nacional del presidente Bill Clinton y dirigió la
Oficina de Asuntos Interamericanos del Consejo de Seguridad Nacional (NSC, por
su sigla en inglés).
El momento parecía favorable, pues había tenido lugar el VI
Congreso del Partido Comunista de Cuba, del cual emergieron una serie de
Lineamientos[10] interpretados por algunos políticos estadounidenses como las
bases para la emergencia de relaciones capitalistas dentro de la economía
cubana y con eventuales implicaciones en el sistema político. “Al aproximarse a
la reforma económica cubana, Estados Unidos debería sumarse a la comunidad de
desarrollo internacional para incentivar ese flujo irresistible de la historia”
(Feinberg, 2011).
Acaba un consenso, comienza otro
Dicha coyuntura, a la que debe agregársele el inicio del
segundo mandato de Obama, socavó las bases del antiguo consenso del equilibro
entre “presión y contacto” diseñada por Nuccio a inicios de los 90. Comenzó a
ganar terreno otro consenso, enfilado hacia potenciar al máximo la estrategia
de ese compromiso o engagement.
Una evidencia de la emergencia de ese nuevo acuerdo vino en
2012 cuando un think thank de marcada tendencia “libertaria” y con posiciones
políticas difíciles de ubicar como el Cato Institute se unió al coro de los
liberales diciendo que había llegado la hora de cambiar la forma de lidiar con
la Revolución Cubana (Soraya Castro Mariño, 2003).
Bandow, investigador principal en Cato Institute y quien
fuera asistente especial del presidente Ronald Reagan exhortaba:
La Administración debe actuar ahora, antes de que los
congresistas se centren en las próximas elecciones. El presidente Obama debería
proponer una legislación para colocar (o al menos aflojar significativamente)
el embargo. También podría utilizar su autoridad para relajar las sanciones,
por ejemplo, mediante la concesión de más licencias para visitar la Isla.
Ampliar las oportunidades económicas también podría aumentar
la presión dentro de Cuba para la continuación de las reformas económicas.
Hasta ahora, el régimen ha dado pequeños pasos, pero rechazó un cambio
significativo. Por otra parte, empujando a más estadounidenses hacia la
sociedad cubana, eso podría ayudar a socavar el sistema dominante (Bandow,
2012).
Estos ejemplos son válidos para pensar que la Administración
Obama llegó al poder con un camino bastante trillado sobre cuáles debían ser
sus pasos para darle un giro a las cosas. Las influencias llegaron tanto desde
los tanques pensantes como directamente en los individuos que habiendo
participado de la aplicación de la política de Clinton ahora regresaban al
gobierno.
A los mencionados efectos de Viki Huddleston, dando a
conocer sus puntos de vistas a través de Brookings Institution y directamente
en el equipo de transición del nuevo gobierno; vale sumar el caso de Arturo
Valenzuela, quien sirvió como subsecretario adjunto para Asuntos
Interamericanos y jefe de la Sección Hemisférica del Consejo de Seguridad
Nacional del presidente Bill Clinton. Luego se desempeñó como asesor de esposa
de William, Hillary, durante su carrera por la candidatura presidencial
demócrata. Finalmente Obama le añadió a su propio equipo de política exterior.
Valenzuela le aseguró al Chicago Tribune que durante el
primer período de Obama “no había duda de que había un fuerte apoyo en el
Departamento de Estado para la liberalización de algunas de las restricciones
(a Cuba), y la secretaria Clinton fue muy clara al respecto”. A quien después
le tocaría llevar los hilos de las negociaciones secretas con La Habana desde
el Consejo de Seguridad Nacional, Ricardo Zúñiga, habría estado influido por la
visión de los Clinton desde sus días previos como jefe del Departamento de
Asuntos Cubanos en el State Deparment.
En consecuencia se entiende que una de las primeras
decisiones de Obama haya sido retrotraer el estado de cosas al momento donde lo
dejó la anterior administración demócrata, relajando las restricciones de
viajes para facilitar un mayor contacto entre los familiares separados en los
Estados Unidos y Cuba e incrementando el flujo de remesas hacia el
Archipiélago.
El realismo político del actual gobierno estadounidense ha
consistido en llevar a vías de hecho una combinación de los escenarios
modelados en 2010 por Jorge Domínguez quien, al estimar las opciones de Obama,
anticipó que una de sus alternativas era llevar las relaciones con Cuba a un
estadio que él definió como Clinton Plus (Domínguez, 2010).
La Casa Blanca optó por combinar tres de los escenarios
anticipados por Domínguez. Enfáticamente el número dos, en el cual Obama
tomaría la iniciativa y dentro del marco de la Helms-Burton, se movería hacia
eliminar las restricciones que impiden la libre circulación de información
entre los dos países, facilitando incluso el acceso de Cuba a Internet y a las
tecnologías de la información. Accedería además al comercio y las donaciones de
este tipo de artículos, así como a la comercialización de productos médicos.
Tal como estamos viendo ahora:
“la motivación del gobierno norteamericano sería propiciar
las condiciones necesarias para el cambio dentro de Cuba. El gobierno cubano
reaccionaría con confianza en sí mismo -sin ofenderse o experimentar temor- en
espera de beneficiarse del crecimiento económico. El tiempo dirá quien tiene la
razón” (Domínguez, 2010, pág. 13).
La “actualización” de Obama
Obviamente pocos esperaban que Obama comenzara por
restablecer las relaciones diplomáticas. Empero el resto de sus pasos sí
estaban bastante bien establecidos por una tradición liberal que lo precedía.
Tendencia que ahora mismo predomina entre la clase política del partido
demócrata y mucho más allá.
Desde la plataforma política de Hillary Clinton de cara a
los comicios de noviembre de 2016 es posible anticipar que siguen decididos a
transformar en una extensa autopista lo que nació como apenas un carril dentro
de una concepción dual de presión y contacto hacia Cuba.
En un discurso electoral desde la Florida este año, Hillary
Clinton subrayó la necesidad de “terminar con el embargo a Cuba, de una vez y
para siempre. Debemos sustituirlo por un acercamiento inteligente que le de
poder a los negocios de cubanos, a la sociedad civil cubana y a la comunidad
cubanoamericana para que estimule el progreso y mantenga la presión sobre el
régimen” (Iturbe, 2015).
Consideraciones finales
Se afirma que en la formación de la política exterior
norteamericana han contribuido distintas corrientes de pensamiento,
especialmente los llamados enfoques realista y los ideológicos, que pugnan por
convertirse en tendencia predominante.[11] Solo en esa indisoluble unidad de
contrarios es posible comprender la particular interpretación estadounidense de
su relación con Cuba. Un análisis colocado únicamente desde el ángulo del
realismo o la ideología no funciona para el caso cubano.
Asistimos a una modernización de una estrategia con fuertes
bases en la tradición liberal dentro de la clase política estadounidense que
combina ideología con realismo político en ambos sentidos.
Lo que Obama hace hoy no parece fruto de la adivinación de
sus asesores, sino de la maduración de un largo análisis político que todavía
pugna por construir un consenso sobre la base de que es imprescindible adaptar
el diseño y aplicación de los pasos futuros potenciando los estilos de
influencia por “contacto” y “compromiso” a fin de hacer cumplir los propósitos
históricos de Estados Unidos con Cuba.
(Revista Pensar en Cuba/Blog Dialogar dialogar)
Notas
[1] Dijo Nuccio: “Permítanme resumir diciendo que la
Helms-Burton pondría en peligro los intereses clave de Estados Unidos en todo
el mundo, poniendo Cuba (torpemente) en el centro de la política exterior, y es
probable que trabajará directamente en contra de su declarado objetivo de
promover una transición democrática en Cuba. Lo mejor que podemos hacer es
mantener la presión sobre el gobierno cubano para la reforma política y
económica, proporcionando todo el apoyo que podamos al pueblo cubano en su
lucha por superar las limitaciones que les impone la dirigencia cubana, y
prepararnos para responder con rapidez a la hora del cambio. (…)La última vez
que revisé la Constitución, correspondía al Presidente tomar decisiones de
política exterior”.
[2] Aunque públicamente la Casa Blanca se escudó en el
derribo por la Fuerza Aérea cubana de las avionetas del mencionado grupo
anticastrista que por dos años violaba el espacio aéreo cubano; hoy se sabe que
en reiteradas ocasiones La Habana le advirtió que no toleraría por más tiempo
esa amenaza a su seguridad nacional. El propio Nuccio le confesó a Fernando
Morais que logró que la autoridad para la Aviación Civil de los EE.UU.
suspendiera la licencia de vuelo a José Basulto, líder de Hermanos al Rescate y
así disuadirlo de sus maniobras. “Hice todo lo que podía -declaró- pero
quisiera haber hecho más que escribir memorandos, mandar faxes, hacer llamadas
telefónicas, activar alarmas. Yo debería haber saltado, gritado, berreado,
invadido el gabinete del presidente”, contó. En los días previos al 24 de
febrero de 1996, el gobierno de los EE.UU. señaló en una nota oficial que “la
libertad para viajar, reconocida por acuerdo internacional, no da a nadie
derecho de entrar en un país en particular, incluida Cuba, sin autorización
previa. Todos los viajeros están sujetos a las autoridades aduaneras y de
inmigración, y a otras leyes del país en cuestión”. Sin embargo Basulto voló su
Cessna aquel 24 de febrero junto a otras dos avionetas sobre cielo cubano. Dos
de ellas fueron derribadas y la tercera (la de Basulto) logró escapar hacia el
territorio de los EE.UU. De esta manera solo queda pensar que, o bien dentro
del ejecutivo no había total consenso sobre la factibilidad o no de la
Helms-Burton y por ende los partidarios de esta forzaron el incidente para
colocar a Clinton contra la pared, o efectivamente todos dejaron hacer porque
en el fondo la consideraban útil. Véase Fernando Morais. Los últimos soldados
de la guerra fría. La Habana, Editorial Arte y Literatura, 2013.
[3] Por ejemplo, en febrero de 1999, el vocero del
Departamento de Estado, tras señalar que las medidas adoptadas en la política
hacia Cuba habían provocado un incremento de los viajes autorizados por medio
de licencias, reiteró el carácter ilegal de los viajes de turismo o negocios, y
alertó sobre las penas civiles y criminales que enfrentan aquellos que violan
las regulaciones sobre el gasto de dinero sin la debida autorización del
Departamento del Tesoro. También en 1999, la Jueza Shira Scheindlin, de New
York, falló a favor de la empresa Bacardí y en contra de Havana
Club-Pernot-Ricard, despojándola de los derechos legales que hasta el momento
gozaba. El 28 de octubre de 2000, el Presidente Clinton firmó el proyecto de
Ley de Asignaciones para la Agricultura, convirtiéndose en ley del Congreso
norteamericano la prohibición de los viajes a Cuba para los ciudadanos
norteamericanos. Asimismo, aprobó las ventas de medicinas y alimentos a Cuba
pero en condiciones discriminatorias para el país, haciéndolas inaceptables e
imposible de realizar.
[4] El Concil for Foreing Relations(CFR), fundado en 1921,
tiene su antecedente en The Inquiry, un grupo académico creado a solicitud del
presidente Woodrow Wilson después de la Primera Guerra Mundial para asesorar a
la delegación estadounidense a la Conferencia de Paz en Versalles. Su primer
presidente fue Elihu Root, ex secretario de Estado y quien se cree fue el
redactor original de la Enmienda que guiaría la relación de EE.UU. con Cuba, la
cual se conocería por el nombre del senador que la presentó ante el Congreso:
Orville Platt.
[5] Las recomendaciones específicas del grupo de trabajo
incluían: (1) permitir viajes ilimitados a Cuba de los cubanoamericanos, así
como aliviar otras restricciones de viaje; (2) la ampliación de los
intercambios pueblo a pueblo con fines académicos, científicos, deportivos,
artísticos y humanitarios; (3) permitir la venta de alimentos y medicinas a las
entidades gubernamentales y no gubernamentales que no forman parte del aparato
de seguridad represiva; (4) autorizar servicios de vuelos comerciales directos,
servicio de correo directo, y la inversión privada directa limitada; y (5) la
expansión de las remesas anuales máximas a sus familiares en Cuba por los
ciudadanos y residentes estadounidenses a 10 mil. Véase
[6] Sus sugerencias concretas eran: venta de productos
agrícolas y médicos con financiamiento comercial desde EEUU aunque sin créditos
del gobierno; permitir viajar a todos los estadounidenses a Cuba, medidas
específicas para promover la reunificación familiar y la migración segura y
legal, permitir los vuelos directos comerciales y servicios de ferris;
establecer la cooperación en temas ambientales y de la conservación;
intercambios y cooperación continuos de bajo y medio nivel entre los EE.UU. y
las fuerzas militares cubanas en la lucha antinarcóticos; trabajar con Cuba
para apoyar el proceso de paz en Colombia; y la inversión estadounidense
limitada para apoyar al sector privado cubano. También proponían capturar el
mercado general por el aumento de los viajes de americanos a Cuba, la
resolución de las reclamaciones de expropiación mediante el otorgamiento de
licencias para que los reclamantes estadounidenses negocien directamente sus
antiguas propiedades con Cuba, inversión directa en forma de empresa conjunta y
el apoyo al ingreso de Cuba en la calidad de observador en el Fondo Monetario
Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Más
detalles
en http://www.cfr.org/world/new-us-cuba-policy-drawn-council-sponsored-independent-task-force-recommendations/p3172
[7] Este es un cambio significativo teniendo en cuenta que
en la década anterior la Heritage era una de las abanderadas del total
condicionamiento de cualquier cambio de la tradicional política hacia Cuba a
que el Archipiélago se moviera en el sentido “amigable” para EE.UU. En 1994 uno
de sus analistas era enfático: “Aunque los Estados Unidos hoy está
prácticamente solo en su insistencia en mantener el embargo, debe mantenerse
firme. Hasta el momento, el gobierno de Clinton se ha resistido a la presión de
levantar el embargo. Para acelerar la transición a una Cuba post-Castro, la
Administración debe mantener el embargo hasta que las reformas económicas y
políticas irreversibles que conducen a capitalismo democrático tengan lugar”.
Véase Sweeney John P. Why the Cuban Trade Embargo Should Be Maintained.
En http://www.heritage.org/research/reports/1994/11/bg1010nbsp-why-the-cuban-trade
[8] La Dra. López Oceguera, explica que los “informes (de
los think tanks) generalmente ven la luz pública en momentos en que se produce
una transición entre administraciones, al inaugurarse un nuevo Congreso,
después de las elecciones de medio término, o al comenzar un nuevo mandato un
presidente reelecto. Otra oportunidad para que los tanques pensantes traten de
influir en la conformación de la política mediante propuestas concretas surge
cuando se rompe el consenso alrededor de un tema”, Véase Castro Mariño, Soraya.
Los tanques pensantes en el proceso de conformación de la política exterior
norteamericana, 2013.
[9] Eliminar todas las restricciones a los viajes familiares
y humanitarios a Cuba; permitir y ampliar licencias específicas para viajes con
propósitos educativos, culturales y humanitarios; incentivar remesas para los
individuos y la sociedad civil independiente en Cuba; permitir que todos los
cubanos que cumplen con los requisitos de la ley de inmigración de Estados
Unidos puedan viajar a los Estados Unidos; realizar actividades diplomáticas
normales sobre una base de reciprocidad, incluyendo viajes de funcionarios, reuniones,
intercambio de agregados y el patrocinio de los intercambios culturales y
educativos; abrir un diálogo entre Estados Unidos y Cuba, en particular sobre
cuestiones de interés mutuo, incluyendo la migración, la lucha contra el
narcotráfico, el medio ambiente, la salud y la seguridad; desarrollar acuerdos
y asistencia con el gobierno cubano para el alivio de desastres; llevar a cabo
una revisión de la finalidad, contenido y aplicación de los nuevos contratos
adjudicados a las empresas privadas y las organizaciones no gubernamentales
durante los últimos meses de la administración Bush, modificar regulaciones de
licencias actuales para la comercialización de medicinas desarrolladas en Cuba;
permitir la donación y venta de equipos de comunicaciones; viabilizar licencias
a entidades estatales y no estatales cubanas para acceder a las redes de
comunicaciones por satélite y de banda ancha; establecer un programa de
asistencia para la sociedad civil y de la licencia de la transferencia de
fondos para las actividades centradas en los derechos humanos, la microempresa
y la formación profesional, permitir a Cuba participar en los organismos
especializados y técnicos de la OEA y en seminarios de creación de conocimiento
en las instituciones multilaterales; revisar la evidencia para determinar si
Cuba debe seguir siendo catalogado como un estado patrocinador del terrorismo.
Véase Pascual, Carlos: 2009, pág. 10.
[10] Después de un amplio proceso de debate y consulta
popular, en abril de 2011 el VI Congreso del Partido Comunista de Cuba aprobó
los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución,
que abrieron la posibilidad de que los cubanos creen pequeñas cooperativas de
servicios, contraten empleados y obtenga microcréditos, además anunció la
eliminación gradual de la libreta de abastecimiento y estudiar la posibilidad
de que los cubanos puedan viajar al extranjero simplemente como turistas. No
obstante enfatizó que la empresa estatal socialista y la planificación
continuaría siendo la columna vertebral de la economía cubana y que se
mantendrían los programas sociales en las esferas de la salud, la educación, la
cultura y el deporte.
Véase http://www.cubadebate.cu/wp-content/uploads/2011/05/folleto-lineamientos-vi-cong.pdf
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